El presidente de Bolivia Luis Arce anunció que llamará a un referéndum popular sobre tres asuntos que despiertan grandes polémicas en su país: la subvención de los precios de los combustibles, la limitación o no de la reelección presidencial y la distribución entre los nueve departamentos (regiones) de los 130 diputados de la Asamblea Legislativa. La consulta popular se realizará la primera quincena de diciembre junto con las elecciones judiciales que el Parlamento ha activado el 5 de agosto, con retraso de un año.
“Convocaremos a un referendo para que sea el pueblo el que decida si se mantiene o no la subvención a los combustibles”, señaló Arce el 6 de agosto en su discurso por el 199 aniversario de la fundación de Bolivia. Al mismo tiempo, advirtió que su Gobierno introducirá en el mercado nuevas gasolinas no subvencionadas, además de las que existen ahora y tienen precios que equivalen a la mitad de los valores promedio de Sudamérica. De este modo, espera disminuir el contrabando de combustibles baratos hacia los países vecinos, que ha aumentado agudamente las necesidades de importar derivados de petróleo del país.
Bolivia vive una crisis energética por la debacle de su industria petrolera. La falta de producción de hidrocarburos también ha conducido a una crisis cambiaria que ha vaporizado las reservas de divisas del país. Por ambas razones, se ha producido una escasez crónica de diésel y, en menor medida, de gasolina. Hace pocos días, los transportistas ejecutaron cortes de ruta y paros en contra del Gobierno, pero los suspendieron temporalmente por respeto al aniversario patrio boliviano. Además, han llegado al país cientos de camiones cisterna provenientes del puerto chileno de Arica, donde un barco ruso descargó un cargamento de diésel comprado por el Gobierno boliviano, que abastecerá el mercado más o menos por una semana. Se espera la llegada de nuevos cargamentos para más adelante, pero la logística de la importación de combustibles se ha hecho compleja, en su conjunto, por la carestía de dólares.