Ante la magnitud de los incendios forestales y las bajas penas contra responsables, el Gobierno declaró una pausa ambiental indefinida y envió al Legislativo un proyecto de ley para endurecer hasta 12 años la pena de cárcel contra quienes activen incendios en bosques, tierras forestales, reservas protegidas, tierras fiscales humedales o pastizales.
De acuerdo al decreto 5225, la pausa ambiental ecológica rige en toda Bolivia e implica anular y negar sin plazo las autorizaciones de quemas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y declarar “no disponibles” por cinco años las tierras fiscales afectadas por quemas e incendios hasta su restauración y posterior utilización.
“El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, a través de las instancias correspondientes, reforzarán el resguardo de áreas protegidas y reservas forestales a nivel nacional”, establece el artículo 5 del decreto aprobado en reunión de gabinete presidido por el presidente Luis Arce.